Ya queda menos para que la primera promoción de graduados en Derecho que han cursado el master de acceso a la abogacía puedan iniciar su carrera profesional. Así lo puso de manifiesto el Ejecutivo ante la pregunta de una diputada socialista, al explicar que el Gobierno convocará este mes de febrero las bases del examen de ámbito estatal, necesario para poder colegiarse como abogado desde la entrada en vigor de la polémica Ley 34/2006, de acceso a la profesión.
Lo hará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que ha reclamado la convocatoria urgente de la prueba y ha asegurado que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el master de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.
Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado.
La situación seguirá así por lo menos durante tres meses más, dado que la evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación “con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración”. De este modo, tras una vacatio legis de cinco años y tres más de cambios sucesivos en la normativa de desarrollo, la ley aprobada en el año 2006 sigue todavía sin desplegar todos sus efectos.